La burrada en la "moratoria" de la soja
Márcio Santilli
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El acuerdo entre Greenpeace, Abiove y los tradings para una "moratoria" en la compra de soja proveniente de zonas deforestadas esta siendo mal interpretada por importadores europeos, segregando produtores sin estimular la mejora de la calidad socioambiental de la producción. Mejor sería compartir al interior de la cadena productiva los costos relativos a la mejora de la calidad. La producción de soja viene suscitando grandes debates. Se trata de una actividad altamente capitalizada, por lo menos hasta el inicio de la crisis reciente, y el cultivo tiene como destino el mercado internacional. Un foco importante del debate se refiere al plantío de variedades transgénicas, hasta el momento mal resuelto. Otro punto se relaciona con el respeto a la calidad socioambiental del producto: si éste proviene de lugares en donde es respetada la legislación laboral y ambiental. Más crítica es la conexión entre la deforestación amazónica, que alcanzó índices pornográficos en años recientes, con impactos negativos sobre la biodiversidad y el clima. La mayor parte del pasivo ambiental en la Amazonia está concentrada en la pecuaria, pero hay regiones en las que se convierten florestas en plantaciones de soja, además del impacto indirecto que generan otras actividades. En ese contexto, movimientos ambientalistas y de productores alternaron críticas mutuas y tentativas de negociaciones sobre criterios de sustentabilidad de la producción, sobre todo en relación a la producción destinada al mercado europeo, donde son mayores las exigencias de los consumidores y el poder de presión de los ambientalistas. Paralelamente, Greenpeace realizó un movimiento de presión sobre los principales importadores europeos que resultó en el anuncio de una "moratoria" en la adquisición de soja proveniente de áreas deforestadas en la Amazonia. Como es difícil saber si la producción proviene de áreas recientemente deforestadas, los compradores europeos encontraron una manera mas fácil de eludir esa presión de los ambientalistas, dejando de comprar la soja producida al norte de la línea divisoria entre el cerrado y la floresta amazónicos. El resultado concreto del acuerdo entre Greenpeace y la Asociación Brasileña de Industrias y Aceites está siendo perverso. Hay un gran error, en la medida que no existe ningún mecanismo que garantice que la soja comprada al sur esté siendo producida de acuerdo con las buenas prácticas ambientales, y perjudica el esfuerzo de aquellos que estén produciendo de forma adecuada al norte de la divisoria o que pretendan mejorar la calidad de la producción. Si esa tendencia prevalece, como quedarán los propietarios del bioma florestal? Deberán abrir un manual de buenas prácticas, ya que estarán excluidos de los mercados más cualitativos? Se embarcarán en la onda de las variedades transgénicas o cambiarán para la pecuaria o la caña de azúcar? De donde podrán obtener los recursos necesarios para mejorar la calidad de su producción? Y, por otro lado, liberada de cualquier criterio, la producción de soja no presionará todavía mas al bioma del cerrado, donde nacen las aguas que van hacia la región Amazónica? La cuestión central está en la planificación de la propiedad, y no en su localización geográfica. Y, aunque los nuevos desmontes sean siempre indeseables, hay casos en los que son legalmente posibles. La discusión sobre criterios debe proseguir a pesar de este error, de modo de poder generar un paradigma positivo que pueda extenderse a las demás cadenas productivas. Mucho mejor que la supuesta "moratoria" sería enfrentar la cuestión concreta de los costos socioambientales de una producción de buena calidad por medio de la constitución de un fondo compuesto por una tasación en las transacciones comerciales que sea invertido en proyectos de apoyo a productores dispuesto a mejorar la calidad de su producto. Si los compradores y consumidores desean disponer soja de buena calidad, deben colaborar activamente, compartiendo los costos implícitos.
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