En mayo, la entidad divulgó un estudio en el cual analiza los impactos en las unidades de conservación y territorios indíegnas de los principales proyectos de infraestructura en Brasil y en el continente. En el caso delas usinas del Río Madeira la influencia de los emprendimientos no está restringida a Rondonia, y también alcanzaría el interior de Bolivia, según esa ONG. “En relación a ese proyecto, la mayor preocupación no es sobre lo que se dice, sino sobre lo que no se dice”, advirtió Isabella Freire, especialista en Política Ambiental de Conservation International.

De acuerdo con la organización, los impactos ambientales y sociales de las hidroeléctricas se volverían más intensos porque los dos emprendimientos, considerados prioridad en la PAC – Programa de Aceleración del Crecimiento-, son apenas parte de un gran proyecto de integración de Brasil con Bolivia. Además de Santo Antônio e Jirau, el proyecto prove ela construcción de uma hidroeléctrica binacional, en el Rpío Mamoré (afluente del Madeira) y otra en territorio boliviano.

El proyecto del complejo no se restringe a la producción de energía. Las obras también incluyen la recuperación de dos carreteras: la BR-364, que liga Porto Velho (Rondonia) con Cuiabá, y la BR-317, que va de Porto Velho a Rio Branco (Acre). Para estimular la navegación en la región, se construirán exclusas em cada hidroeléctrica que formarán parte de una hidrovía de 4,5 mil kilómetros que se extenderán por el interior de Bolivia hasta el Río Amazonas, conectando con los Ríos Madeira, Guaporé y Beni. "Esa seria la manera por la cual Bolivia alcanzaría la salida al Atlántico”, resalta Isabella Freire.

Para la especialista, la reducción del costo de logística en la región proporcionada por las represas puede destruir cualquier iniciativa de desarrollo sostenible en el oeste de la Amazonia. “Resultará muy barato producir soja, y se van a expandir las fronteras agrícolas del país sin respetar el medio ambiente y las poblaciones indígenas que viven en la floresta”, indica. “Será el mismo proceso que tuvo lugar en el Centro Oeste”.

En 2003, el consorcio formado por la estatal FURNAS y por la empresa Odebrecht, que está elaborando el estudio de impacto ambiental (EIA) de las represas de Santo Antônio e Jirau, estimó que el complejo va a expandir la producción a 25 millones de toneladas por año, solamente en Brasil. Eso equivale a una expansión de unos 80 mil km2 de agricultura mecanizada. Las proyecciones provienen de un grupo asesor internacional que colaboró en la elaboración del Plan Plurianual (PPA) 2004-2007 para la región amazónica.

De acuerdo con los estúdios de Conservation International, las consecuencias  puedne ser todavía más graves, ya que si esa expansión tiene lugar en forma legalizada y respetando las áreas de preservación permanentes, las propiedades privadas deberían ocupar por lo menos 400 mil km2, cinco veces más de lo previsto por el consorcio. "Es imposible que una expansión de esa magnitud no se dé sin deforestación”, señala Freire.

Entretanto, el gobierno desistió de construir las exclusas y dejó en suspenso la propuesta de las represas en asociación con Bolivia. Según la presidencia, se optó por dar prioridad a las represas de Santo Antônio e Jirau al ser incluidas em la PAC.

Para Conservation International esta marcha atrás en la propuesta inicial representa un artificio para postergar las discusiones y permitir una ejecución del proyecto en forma gradual. “El proyecto del Rio Madeira es otro gran proyecto fragmentado para facilitar sus permisos. Hasta las líneas de transmisión eléctrica, claramente imprescindibles para esa hidroeléctrica, son consideradas como proyectos separados”, concluyó el estudio. Esas líneas de transmisión no constan en la Evaluación del Impacto Ambiental.

Reporte de Wellton Máximo, para la Agência Brasil publicado el 8 Junio, 2007. Traducido y editado del portugués por CLAES. Se reproduce únicamente con fines informativos y educativos.