En las últimas semanas se han redoblado las consultas sobre los criterios de una “soja responsable”, en el marco de los primeros pasos que está dando la Mesa Redonda sobre Soja Responsable. Esta propuesta es una más entre diversas iniciativas, tanto empresariales como ciudadanas, para aplicar criterios y condiciones sobre el cultivo de la soja.

La Mesa Redonda sobre Soja Responsable siempre fue una propuesta polémica, y sin duda su ambicioso inicio apelando a la “sustentabilidad de la soja”, generó más resistencias que apoyos. Transcurrido el tiempo, puede reconocerse que se ha dado un paso adelante al abandonar aquella peregrina idea de una “soja sostenible” – una postura imposible de defender para un monocultivo de amplia escala, ya que nunca sería sustentable.

Pero más allá del caso específico de esta mesa redonda, es necesario analizar las posibilidades y límites sobre los intentos de regular el sector sojero. Existe un creciente consenso sobre la necesidad y urgencia de establecer condiciones sobre la producción de soja. En la actualidad, este sector se desenvuelve en forma casi autonómica en casi toda América del Sur, y en aquellos casos donde los gobiernos se involucran lo hacen para mantener y expandir el actual agronegocio. Los Estados no lo regulan, y por el contrario, lo alientan. Toda vez que se cuestionan sus aspectos negativos, aparecen voces gubernamentales para defenderlo, especialmente por su potencial exportador.

Incluso medidas que tienen aspectos positivos, como la imposición de un impuesto extraordinario a las exportaciones de soja, tal como se aplican en Argentina, en realidad no tiene componentes económicos, sociales o ambientales alternativos. Buenos Aires maneja esas “retenciones” para obtener recursos económicos con muchos fines, pero no los aplica para amortiguar los impactos sociales o ambientales del cultivo, no financia programas de reconversión agrícola generosos a los pequeños y medianos productores, y ni siquiera está explorando alternativas de manejo del cultivo para reducir el impacto sobre el suelo y el uso descontrolado sobre agroquímicos. Por lo tanto, permanece pendiente una discusión clave tanto sobre la imposición de impuestos al sector como sobre el uso del dinero que esos tributos generan.

En esta situación de ausencia de regulaciones sustantivas, los intentos de certificaciones acordados entre privados podría ser un paso adelante. Es así que están en marcha las discusiones y negociaciones entre actores no estatales, tales como empresas, asociaciones de sojeros y algunas ONGs. Indudablemente, bajo ese marco se plantean un amplio abanico de criterios y exigencias, que van desde mínimas condiciones a otras muy sustantivas.

Las condicionantes mínimas posiblemente terminarán aceptando las variedades transgénicas, seguramente se apelará a un manejo un poco más responsable de los agrotóxicos, y es posible se que derive algún mecanismo de compensaciones ambientales (donde a cambio de las decenas de miles de hectáreas con soja, se instalarán algunas pequeñas áreas protegidas). Esta postura tiene varios problemas, tales como no atacar los problemas de fondo que originan los serios impactos sociales, económicos y ambientales del monocultivo de soja. Estas posiciones van a alimentar todas las sospechas y denuncias de “maquillaje verde”, y seguramente servirán para alimentar el rechazo a las grandes empresas aerocomerciales y no faltarán quienes recargarán sus baterías para retomar las disputas contra aquellas organizaciones conservacionistas que apoyen esas medidas. En aquellas zonas rurales con débiles marcos legales, seguramente se mantendrán los conflictos locales con pequeños productores y comunidades campesinas, y por lo tanto no serán muy útiles para reducir la conflictividad. Difícilmente solucionarán los problemas ambientales, ya que se cae en un extremo de enormes superficies ecológicamente alteradas con algunas pequeñas islas de conservación.

En el otro extremo de la escala, las exigencias mayores seguramente se enfocarán en rechazar los transgénicos, transformar el monocultivo en estrategias de cultivos diversificados y con rotaciones agrícola-ganaderas donde sea posible, y un cambio radical en el uso de químicos. Seguramente esta postura será rechazada por los grandes cultivadores, y en especial por las empresas de comercialización y exportación, las que terminan arrastrando incluso a muchos agricultores medianos. Se repetirán las alertas apocalípticas sobre las pérdidas económicas de esas condiciones, aunque en realidad sobre todo afectarán a unos pocos traders exportadores.

Sean estos u otros los temas en discusión en esas iniciativas sobre los criterios a imponer sobre la soja, las organizaciones ciudadanas deberán considerar si participan o no en ese tipo de conversaciones. Algunos sostienen que no se debe tomar parte de esos mecanismos, en tanto se termina legitimando el papel de las grandes corporaciones y de un estilo de desarrollo que es insustentable; pero otros defienden la necesidad de estar presentes para lograr cambios que permitan reducir los impactos ambientales y lograr alivios concretos para los productores rurales. Este tipo de argumentos operan de manera muy diferentes entre los distintos actores sociales; por ejemplo, los pequeños agricultores apremiados por las deudas, académicos ensimismados dentro de una ONG conservacionista, o los militantes de un grupo ambientalista urbano, tienen motivaciones y aspiraciones muy diferentes. Unos quieren dar algunos pasos para aliviar su situación actual; otros solo aceptan los grandes saltos hacia un cambio radical. La forma en que se deciden estos y otros aspectos contrapuestos depende mucho de cada persona y de cada institución. Es una decisión delicada y que no debería hacerse de manera simplista. Y cuando esa decisión ha sido tomada de manera fundada y argumentada, tampoco debería ser juzgada de manera simplista, acusando a unos y otros sea de “radicales irresponsables” o “sumisos seguidores de las corporaciones”.

De la misma manera, habría que discutir mucho sobre los alcances y límites de los principales esquemas de certificación. Estas certificaciones y controles tienen una larga historia desde la sociedad civil, y han sido defendidos en frentes tan distintos como los promotores del comercio justo, los defensores de la agricultura orgánica y los que denunciaban el trabajo infantil. Esas certificaciones en algunos casos han sido exitosas y han generado cambios de importancia en los sectores productivos y contribuyen a promover ciertos tipos de consumo responsable en la población.

Por lo tanto, es necesario aceptar que las certificaciones sobre la soja pueden constituir un paso adelante, especialmente bajo la actual situación de ausencia de los Estados. Enseguida se debe pasar al problema del contenido de esas certificaciones. En el caso de la iniciativa de “soja responsable”, parece estar animada de un espíritu donde se pone un fuerte énfasis en el producto, y en especial aparece como obsesionada con lograr algún tipo de certificación comercial que sirva para legitimar las exportaciones hacia los países industrializados y tranquilizar a su consumidores. Esto deriva en un desbalance donde prevalece el aspecto comercial para asegurar las corrientes exportadoras, a costa de minimizar la reducción de los impactos ambientales y sociales en los países de origen.

A mi modo de ver, el énfasis debería estar con todo el proceso productivo, comenzando por los problemas que origina el cultivo a nivel local. Por lo tanto, cualquier certificación no puede ser separada de un análisis más detallado sobre la proliferación de los monocultivos en nuestro continente y sus impactos. Es así que las certificaciones comerciales o de calidad que eventualmente se puedan obtener, deberían ser una consecuencia de revisar todo el proceso productivo de la soja, y no a la inversa, buscando adaptar la certificación a la esencia actual de la cadena sojera.

En otras palabras, estimo que el modelo a seguir no puede ser el de la certificación verde en el sector forestal, tal como es planteado por el FSC (Forest Stewardship Council), que adolece de serios problemas, tales como aceptar las plantaciones con pinos y eucaliptos como “verdes”, con lo cual se desvirtúan todos sus propósitos. Por el contrario, un camino más útil debería inspirarse en la experiencia de la agricultura orgánica defendida por IFOAM (la federación internacional de movimientos de la agricultura orgánica), que ha logrado establecer certificaciones sobre todos las fases de los cultivos, desde el manejo del suelo a las formas de empaquetar el producto final. Ese camino también generó mecanismos de certificación y monitoreo participativos, con la presencia de los propios agricultores y consumidores.

Finalmente, más tarde o más temprano, en cada uno de los países deberá traerse de regreso a los Estados, para lograr sistemas de regulación efectivos y con la adecuada cobertura legal. Esto se debe a que las certificaciones entre privados son importantes, y pueden tener un fuerte impacto en el comercio global, pero no generan marcos normativos que obliguen a todos los agricultores dentro de capa país. Una vez más se necesitará generar una discusión nacional sustantiva.

E. Gudynas es investigador en CLAES – Centro Latino Americano de Ecología Social. Publicado en el boletín Plataforma Soja, No 30, diciembre 2007. Se permite la reproducción siempre que se cite la fuente original.